AUTOR: AN
Don Rodrigo Quesada, es un hombre de ideas fijas. Por ellas, es capaz de llegar al esperpento y conseguir que se cumpla lo que “el cree ”que ha de ser lo correcto. Este es el argumento de la película de los años 70, protagonizada por Paco Martínez Soria y, esta también, parece ser la actitud del actual (des)gobierno español en relación con la regulación del mercado de alquiler de viviendas.
De forma recurrente e intermitente desde su llegada al poder, vienen “amenazando” (nunca mejor dicho), con incluir nuevas regulaciones en el mercado de alquiler de vivienda. Intentando con ello poner freno a las subidas desbocadas de los arrendamientos (sic). Aunque en sus propuestas aun no se ha incluido la limitación de precios, esta muy probablemente llegará básicamente por la presión de los anticapitalistas de Podemos. Y, todo ello, con el objetivo declarado de “proteger un derecho básico como es el del acceso a la vivienda” (José Luis Ábalos). Loable objetivo, recogido además en nuestra constitución, pero que sin duda se está intentando con las herramientas equivocadas.
La Economía, como ciencia social, muestra ciertas limitaciones en cuanto al falseamiento o confirmación de cualquier propuesta; ya que es imposible crear modelos que repliquen exactamente la realidad contemporánea. Sin embargo, existe un cierto consenso, desde posiciones irreconciliables en otras cuestiones, en que la limitación de los precios (en cualquier mercado) por debajo del precio de intercambio de equilibrio que se establece por el omnipresente juego de la oferta y la demanda, generará escasez.
Joseph E. Stiglitz, brillante economista y premio Nobel del sector, desde luego alejado de los preceptos neoliberales de la economía y mucho más cercano a posiciones socialdemócratas, se refiere al control del precio de los alquileres calificándolo de “fallo de estado”. Stiglitz pone como ejemplo lo ocurrido en Nueva York tras la Segunda Guerra Mundial y la Gran Depresión, cuando la escasez de viviendas provocó una fuerte subida de los precios de alquiler; lo que llevó a los legisladores a poner en marcha una ley de control de los precios del mercado con el objetivo de rebajar la tensión sobre los precios.
Sin embargo, lo que no tuvieron en cuenta es que, de este modo, se reducía la rentabilidad de la inversión en viviendas destinadas al alquiler y la oferta de estas disminuiría. Pero, además, la calidad de los servicios prestados por los propietarios de las viviendas (y que estaban atrapados en su inversión) empeoraría. Con los precios contenidos y un exceso de demanda no necesitan mejorar el aspecto y condiciones de la vivienda para atraer nuevos inquilinos; lo único que se consiguió fue reducir aún más la oferta de viviendas para el alquiler y una ruinosa situación en las viviendas ofertadas.
Thomas Sowell, economista de corte claramente liberal, coincide en la misma apreciación e, incluso, en alguno de sus escritos refiere la misma circunstancia. Con los precios artificialmente bajos, un mayor número de personas demandarán más espacios de vivienda que antes de la promulgación de la ley. De este modo, aquellos que en otras condiciones no alquilarían una vivienda, ahora estarían en disposición de hacerlo y podría llevar a que alojamientos grandes sean ocupados por un solo individuo. Por el lado de la oferta, el descenso de los alquileres hará poco atractiva la inversión en nuevas viviendas para alquilar. Algo que ocurrió en Egipto, donde el control de precios provocó que muchos ciudadanos tuvieran que vivir en condiciones terribles y en donde muchas familias compartían un piso excesivamente pequeño para el número de ocupantes.
Sin duda, con esta política ganarán réditos electorales, el cual parece ser este su único objetivo, pero perjudicarán a quienes dicen defender (como ocurre con otras muchas de sus populistas propuestas). Los gobernantes, además de jurar/prometer la constitución, habrían de comprometerse como si de un juramento hipocrático se tratase a que “lo primero es no hacer daño”.