La limitación del precio del alquiler en Cataluña y sus consecuencias

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Hace escasos días la Conselleria de Justicia y los grupos JxCat, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), En Comú Podem y CUP han registrado una proposición para regular el mercado del alquiler en Cataluña. La medida, impulsada por el Sindicat de Llogaters, cuenta con el apoyo parlamentario necesario para ser aprobada y, de esta manera, la presión por frenar la subida de los precios del alquiler en la comunidad da un paso adelante.

El objetivo principal se trata de “impedir subidas y hacer bajar los precios en las sesenta ciudades más tensionadas de Cataluña, en un contexto de emergencia habitacional”, según la entidad, afectando al 70% de la población catalana, la cual vive en las zonas urbanas más pobladas. Pero, ¿Qué consecuencias tendrá esta aplicación en el futuro comportamiento del alquiler?

Las administraciones públicas deben garantizar el derecho a una vivienda digna, con el apoyo y colaboración del sector privado. Sin embargo, con esta aplicación, el sector público traslada en su totalidad la responsabilidad de responder ante la problemática de la escasez de vivienda social. Además, hay que especificar que algunas de las medidas propuestas son contrarias a la protección que la propiedad privada recibe explícitamente en el artículo 33 de la Constitución.

El principal problema es la inexistencia de un parque público de alquiler de calidad. Esto es responsabilidad de las administraciones públicas y no de los propietarios privados. Es necesario encontrar el punto de equilibrio entre la protección del inquilino y la defensa legítima de los intereses de los propietarios. Para ello, es debido realizar medidas directas contra el verdadero origen del aumento de precio de renta de la vivienda: la escasez de oferta.

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El sector inmobiliario de Cataluña ha respondido ante esta medida conjuntamente, considerando que “el sector público tiene que adoptar, por un lado, medidas que incentiven la construcción de un parque de vivienda social o de renta limitada suficiente y estable en el tiempo mediante estímulos fiscales de todo tipo (bonificaciones, subvenciones, etc.), y no medidas restrictivas de la libertad de mercado ni penalizadoras”.

Las medidas restrictivas del gobierno no conseguirán el resultado pretendido y semejan ser causa del desconocimiento del comportamiento del mercado de alquiler. Europa ha mostrado suficientes ejemplos fallidos del control de precios en el mercado inmobiliario con medidas inadecuadas. Puede parecer, en un primer instante, que el gobierno mantiene el precio de renta bajo control, pero en realidad a largo plazo es insostenible y provoca una clara disminución de la oferta. Por ello, se corre el riesgo de volver a aquellos tiempos en los que la larga duración del arrendamiento y la imposibilidad de actualizar la renta llevaron a una reducción y un deterioro más que constatable del parque de viviendas de alquiler.

Para analizar la situación en profundidad, es necesario citar los datos proporcionados por INCASÒL, respectivos a los propietarios privados del área de Barcelona. De 107.712 de compradores, el 96% poseen entre una y cinco viviendas. Por lo tanto, se encuentra una gran cantidad de pequeños tenedores, los cuales utilizan el alquiler para complementar sus ingresos mensuales. La limitación del precio del alquiler impactaría directamente en la economía de estos usuarios, provocando incluso la venta de las propiedades u otras alternativas alejadas del alquiler.

Los grandes propietarios también se ven afectados ante las nuevas medidas, dado que aumentarán las dificultades para recuperar las viviendas tras la finalización del contrato o tras el impago de la cuota. Además, se verán obligados a ofrecer las residencias como alquiler social y tendrán que hacer frente a una limitación en la renta que podría hacer inviable el sostenimiento de la actividad. Estos factores pueden provocar la retirada del mercado de alquiler de sus inmuebles y contradecir, de esta manera, a las medidas de fomento del alquiler que se estaban promoviendo con anterioridad por parte del Estado.

Finalmente, la conclusión de este proceso causará una mayor escasez de viviendas y afectará negativamente en el parque inmobiliario, agravando todavía más la situación.


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